Ioma. Aumento de aranceles

Luego de dos meses de negociaciones se acordó finalmente un aumento de cápita con la Obra Social provincial IOMA.

Es interesante señalar que hace un año algunas condiciones contextuales eran diferentes: el aumento del dólar y la maniobra especuladora de algunos laboratorios que pretendieron jaquear a la profesión organizada con aumentos desproporcionados de algunos insumos. Nuestra Institución encabezó y lideró una resistencia escalonada a tal embate que diluyo el efecto negativo que proponían algunos, que escudados en papel de víctima, lejos suelen estar a la hora de acompañar solidariamente las crisis. La secretaría de Comercio Interior colaboró activamente en este proceso.

También, es digno destacar que a esa altura el IOMA mantenía un atraso en su cadena de pago que la FOPBA suplió con esfuerzo a los fines que el prestador Federado no sintiera dicho impacto. Hoy, un año después, la deuda ha sido cancelada y el IOMA está al día en los pagos, dato no menor. Por supuesto que el escenario inflacionario, más los costos indirectos, más el recurso económico finito, hacen de las negociaciones un marco complejo.

No obstante, se ha logrado un importante aumento en la cápita y fundamentalmente, por primera vez, la aprobación de un aumento simultaneo en los once copagos que hoy tiene el nomenclador odontológico prestador: aumento cuyo porcentaje, en alguno de los mismos, supera lo acordado en paritarias.

El mayor porcentaje del aumento tendrá vigencia a partir del 1 de marzo retroactivo. El otro porcentaje lo será a partir del 1 de agosto. En tanto el aumento de los copagos y el aumento del bono entran en vigencia a partir del 1 de mayo del corriente año.

Da tranquilidad al sector odontológico el acuerdo celebrado con el principal financiador de la Seguridad Social de la Provincia de Buenos Aires, como lo es el IOMA.

La defensa del modelo solidario de gestión y prestación, entre otras ventajas, permite la participación activa de la profesión organizada donde, por ejemplo, las auditorias no responden a un recurso económico encubierto del financiador, sino a la sanidad de un sistema que beneficie al prestador comprometido profesional y socialmente.